El Instituto de Derechos Públicos e Institucionales del Colegio de Abogados realizó un documento que constata “notas de ilegitimidad, ilegalidad o arbitrariedad que afectan el derecho de propiedad de los particulares”.

Asimismo, cuestiona la falta de un gran plan rector urbanístico para toda la ciudad, como así también la carencia de un consenso de todos los actores sociales y económicos involucrados, lo que afecta la legitimidad del Código.

Entre otras de las críticas del escrito, se hace mensión a la polémica altura máxima de edificación, a la cual descalifican por carecer de "razonabilidad necesaria para justificar su validez."

Finalmente, como resultado de la puesta en marcha del Código, recalcan la lamentable desaceleración en la inversión inmobiliaria, el encarecimiento de los terrenos disponibles y de los edificios para vivienda ya terminados, y la consecuente pérdida de fuentes de trabajo en el rubro de la construcción.



Fuente: Punto Biz